La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) confirmó que Valparaíso concentra el 20% de las baterías de telecomunicaciones robadas en todo Chile, con cerca de 1.900 unidades sustraídas, y en respuesta constituyó el 25 de septiembre la primera Mesa de Conectividad y Seguridad Pública de la región, replicando un modelo que ya opera en Biobío, Los Ríos y Coquimbo.
Qué es la Mesa de Conectividad y Seguridad Pública
Se trata de una instancia público-privada convocada por Subtel que reúne a autoridades de Gobierno, parlamentarios, policías, la Armada, la Fiscalía y empresas de telecomunicaciones para coordinar respuestas ante el robo y vandalismo de infraestructura digital. En Valparaíso, la primera sesión contó con la participación de la subsecretaria Romina Garrido, el SeremiTT Matías Valenzuela, los senadores Camila Flores y Andrés Longton, representantes de municipalidades, policías, Armada de Chile, Fiscalía y empresas de telecomunicaciones.
El modelo no nace en Valparaíso: Subtel ya había realizado en la Región del Biobío la primera Mesa de Conectividad y Seguridad Pública, y según la propia cartera, la instancia ya se ha desarrollado en otras regiones como Biobío, Los Ríos y Coquimbo, y seguirá ampliándose a otros territorios.
Las cifras que encendieron la alerta en la región
Según datos de Chile Telcos citados por Subtel, cerca de 1.900 baterías han sido sustraídas en la región, equivalente al 20 por ciento del total registrado en el país. A eso se suma el segundo lugar nacional en vandalismo general contra la red: entre 2025 y junio de 2026 se contabilizaron 581 eventos de vandalismo que afectaron a cerca de 5 mil antenas en Valparaíso.
El detalle territorial es más preciso todavía: el 37% de las baterías robadas se concentran en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Casablanca, y un 12% de las antenas de la región fueron afectadas por vandalismo y robo. La subsecretaria Garrido calificó el fenómeno en duros términos: “Es un delito de crimen organizado que no solo daña la infraestructura, sino que deja incomunicadas a nuestras comunidades”.
Perjuicio económico y la guía de despacho como medida legislativa
El impacto no es solo operativo. A nivel nacional, estos delitos causan perjuicios económicos de hasta 10 millones de dólares para las empresas de telecomunicaciones, además de dejar sin conectividad a familias y, en algunos casos, a servicios de emergencia.
Entre las medidas que se evalúan a partir de este tipo de mesas, la que concentra más atención es de carácter legislativo: instaurar la obligación legal de que las baterías de respaldo circulen y se comercialicen exclusivamente con guías de despacho o documentos formales, para dificultar su rápida reducción en los circuitos ilícitos. La idea apunta directamente al eslabón que hoy permite revender estas baterías sin control: si un comprador o transportista no puede acreditar el origen del producto, la circulación se vuelve trazable y perseguible, lo que debilitaría el mercado negro que hoy absorbe las unidades robadas.
Traslado de sitios vandalizados y refuerzo de fiscalización
La guía de despacho no es la única línea de acción. En la sesión de Valparaíso se abordaron soluciones como el fortalecimiento de las acciones de fiscalización, impulsar el traslado de sitios móviles que han sido vandalizados de forma repetitiva por parte de las empresas de telecomunicaciones, junto con posibles medidas legislativas. El mismo esquema se aplicó antes en Biobío, donde Subtel documentó casos extremos de reincidencia: la antena de Quilacoya, en la comuna de Hualqui, fue atacada en ocho ocasiones según datos de la propia subsecretaría, lo que justifica evaluar el cambio de ubicación de sitios críticos en lugar de reponer equipos indefinidamente en el mismo punto.
Qué regiones siguen y quién persigue el delito
El modelo ya cubre cuatro regiones y Subtel ha sido explícita en que continuará expandiéndose. En Biobío, el diagnóstico regional mostró una magnitud distinta pero igual de crítica: la región concentra el 14,5% de los robos de baterías de telecomunicaciones del país, con 1.281 baterías sustraídas entre 2025 y junio de 2026, pese a contar con una proporción mucho menor de antenas a nivel nacional.
La persecución penal del delito recae en un trabajo conjunto entre Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Armada de Chile —presente especialmente en regiones costeras como Valparaíso— y el Ministerio Público, que debe sostener las querellas contra las bandas identificadas como responsables de la reventa en el mercado negro. Subtel actúa como articulador y fiscalizador técnico, pero la efectividad de la mesa depende de que esa coordinación se traduzca en detenciones y formalizaciones, no solo en diagnósticos compartidos.
Qué mirar en las próximas semanas
Para pymes y usuarios de zonas con antenas críticas, conviene seguir dos variables concretas: si la guía de despacho obligatoria avanza como proyecto de ley formal —lo que tomaría meses de tramitación— y si nuevas regiones, especialmente aquellas con alta ruralidad o dependencia de un solo sitio móvil, se suman al esquema de mesas regionales. La continuidad del servicio en caso de corte eléctrico depende directamente de que estas baterías vuelvan a estar disponibles en los gabinetes de las antenas, por lo que cualquier avance legislativo o resultado de fiscalización tendrá efecto directo en la estabilidad de la señal móvil en las comunas más afectadas.